El regreso a la agenda pública del presidente, Javier Milei volvió a poner sobre la mesa una constante en su narrativa política: atribuir las dificultades económicas estructurales a factores externos o decisiones individuales, desligando por completo el impacto de las medidas de su propia administración. Durante sus recientes discursos en la Bolsa de Comercio de Rosario y en el Council of the Americas, el mandatario negó categóricamente que su programa económico guarde relación con los crecientes niveles de morosidad y endeudamiento que asfixian a gran parte de la población.
La postura oficial de que «no hay elementos para culpar a la política del gobierno» flaquea al confrontarse con el calendario de los hechos desde diciembre de 2023. Decisiones soberanas del Poder Ejecutivo, como la abrupta devaluación inicial del tipo de cambio oficial, alteraron drásticamente los contratos indexados y las deudas en pesos de miles de familias y pymes. El debilitamiento del poder adquisitivo no responde a una irresponsabilidad financiera individual, sino a una erosión sistémica provocada por la política cambiaria y un reacomodamiento drástico de los precios relativos.
La falta de pragmatismo en los tiempos de implementación agudiza el escenario crítico. Si bien la eliminación de subsidios distorsivos en servicios públicos (electricidad, gas y transporte) y la apertura comercial buscan la productividad a largo plazo, su aplicación concentrada desarmó la matriz productiva sin una red de contención robusta para los sectores vulnerables o las industrias que invirtieron bajo reglas de juego anteriores. Al encontrarse de la noche a la mañana con incrementos de hasta el 500% en sus tarifas fijas, los ciudadanos se vieron obligados a desviar fondos destinados a saldar créditos previos, disparando la morosidad comercial y digital.
El discurso presidencial recurrió a llamativos argumentos para ilustrar la situación, sugiriendo que el impago actual responde a personas que compraron televisores para el Mundial y luego decidieron de forma deliberada no abonarlos. Sin embargo, los datos duros de consultoras privadas y del propio INDEC reflejan una realidad distinta: el salario promedio del sector privado arrastra una pérdida de capacidad real que limita severamente el sustento diario, llevando a las entidades financieras públicas a acelerar planes de refinanciación de deudas familiares a plazos de hasta 10 años para contener registros récord de mora.
Abrazar con fluidez la teoría económica abstracta en auditorios corporativos no exime a una gestión de evaluar las consecuencias concretas de la velocidad de su programa. Una administración nacional que defiende la coherencia de sus ideas debe complementarlas con prudencia política y una mirada real sobre el costo humano inmediato. Transferir la responsabilidad absoluta a la oposición o a los propios ciudadanos solo cierra un debate urgente en lugar de solucionarlo.
