El Procurador General del Poder Judicial de Santa Fe, Jorge Barraguirre, visitó los estudios de Despacho Play para analizar la actualidad de la justicia provincial tras las recientes reformas institucionales. Durante la entrevista, el funcionario detalló las transformaciones de su rol bajo la nueva Constitución, el cual consolidó su mandato en la defensa del interés general, la legalidad y la coordinación de un ministerio público no penal enfocado en derechos ambientales y del consumidor. A lo largo de la conversación, Barraguirre abordó con minuciosidad técnica los temas más ríspidos de la agenda política y judicial santafesina.
Uno de los ejes principales de la nota fue la polémica en torno a la reforma jubilatoria impulsada por el Gobernador Maximiliano Pullaro y el posterior fallo dividido de la Corte Suprema provincial. El Procurador defendió la constitucionalidad de la ley basándose en criterios de justicia distributiva y la sustentabilidad del sistema previsional. Explicó que el aporte solidario y los topes máximos buscan equilibrar las cargas de manera razonable para que los propios activos y pasivos sostengan la caja, evitando de este modo trasladar un déficit permanente al sector privado mediante mayores impuestos.
Respecto al conflictivo recambio de ministros en el máximo tribunal santafesino y las impugnaciones cruzadas por las designaciones, Barraguirre sentó una postura doctrinaria tajante al afirmar que “todo nombramiento requiere una vacante”. Si bien evitó calificar jurídicamente el procedimiento legislativo actual para preservar su imparcialidad ante eventuales causas futuras, insistió en que la existencia de un puesto libre es un principio fundante y fundamental del derecho que debe respetarse antes de avanzar con nuevas designaciones en cargos que siguen en ejercicio.
El funcionario también argumentó los motivos de su prudencia y abstención pública frente a la “segunda ola” de reformas en seguridad e interrogatorios policiales que debate la Legislatura. Manifestó que los funcionarios judiciales están constitucionalmente limitados para opinar sobre normativas en desarrollo o casos futuros. Adelantar juicios en los medios, advirtió, socavaría la garantía de imparcialidad y la obligación de escuchar a ambas partes en litigio, recordando que el primer control de constitucionalidad de un proyecto de ley reside de manera soberana en las propias comisiones del Poder Legislativo.
Finalmente, Barraguirre respaldó la desfederalización del microtráfico y elogió el robustecimiento en la conducción del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para combatir el menudeo de drogas en las vecinales. Explicó que, históricamente, las provincias han reclamado de manera legítima el financiamiento nacional correspondiente para estos delitos transferidos. Concluyó señalando que los reclamos santafesinos por fondos retenidos o la reparación de rutas deterioradas corresponden a la jurisdicción de la justicia federal, la cual muchas veces presenta fallas de funcionamiento que impactan directamente a la ciudadanía local.
