Por Martín Sperati
Más de 7 millones de argentinos y miles de pymes quedaron fuera del sistema de crédito debido a los efectos colaterales del plan de estabilización macroeconómica del presidente, Javier Milei. El veloz ajuste fiscal generó un escenario de asfixia financiera para los hogares con altísima morosidad. Sin embargo, la velocidad del proceso no contempló un colchón social suficiente para amortiguar el impacto en los hogares.
La crisis de cobro responde a factores sistémicos que quebraron las dinámicas comerciales previas. Durante años, la elevada inflación licuaba las deudas y facilitaba el pago de cuotas fijas. Al caer el índice inflacionario, las obligaciones mantuvieron su valor real sobre ingresos que perdieron poder de compra. En paralelo, el fuerte aumento en tarifas de servicios y transporte agravó la situación familiar. Esta asfixia obligó a usar tarjetas y fintechs para cubrir necesidades básicas como alimentos.
El sobreendeudamiento derivó en una histórica explosión de morosidad en el mercado de consumo. La irregularidad trepó al 12,7% en bancos y superó el 30% en billeteras virtuales. Millones de personas cayeron en las categorías de mayor riesgo del Veraz y del Banco Central. Esta marca negativa bloquea el acceso a financiamiento para comprar bienes o reparar herramientas de trabajo. Sin una salida regulada, los afectados quedan condenados a la informalidad financiera por largos años.
Para consolidar una reactivación real, resulta indispensable que el Estado implemente herramientas de alivio. No se trata de volver al gasto descontrolado, sino de diseñar programas de refinanciamiento. Es urgente reestructurar pasivos y otorgar capital de trabajo con tasas razonables para las pymes. La recuperación económica no será sostenible si una porción mayoritaria de la población permanece marginada del crédito.
