El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, bajo los lineamientos de la Ley de Microtráfico, procedió este viernes al derribo de un inmueble utilizado para la comercialización de estupefacientes y refugio de delincuentes en la intersección de Monseñor Zazpe y Doctor Zavalla. La intervención, que fue recibida con aplausos espontáneos por parte de los residentes de la zona, marca un hito en la lucha contra el crimen organizado al alcanzar los 120 puntos de venta desactivados en todo el territorio provincial desde diciembre de 2023. Esta acción conjunta entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) refuerza la decisión política de eliminar los focos de violencia que afectan la convivencia en los barrios.
Durante el operativo, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, resaltó la importancia de la denuncia ciudadana, señalando que el sitio había generado cerca de 500 incidencias delictivas en un radio de apenas 200 metros durante los últimos ocho meses. Según el funcionario, el lugar no solo funcionaba como punto de venta de drogas, sino también como “aguantadero” y centro de acopio para actividades criminales. Cococcioni enfatizó que este derribo no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia integral que incluye el endurecimiento del régimen penitenciario y una mayor presencia policial en las calles para recuperar la tranquilidad pública.
El abordaje judicial fue clave para garantizar la legalidad y eficacia del procedimiento. El fiscal Diego Vigo explicó que, gracias a un análisis criminal temprano y a las pruebas recolectadas —que incluyeron estupefacientes fraccionados para la venta—, se logró dictar prisión preventiva para tres personas y obtener la autorización para la demolición. Vigo describió las condiciones del inmueble como “inhumanas”, confirmando que el sitio no cumplía con los requisitos mínimos de habitabilidad y funcionaba exclusivamente como un engranaje de la economía delictiva local, lo que justificó su inmediata eliminación física.
Desde la perspectiva comunitaria, la presidenta de la vecinal de Barrio Sur, Laura D’Andrea, expresó que el fin de este búnker representa el cierre de una lucha de muchos años por parte de los vecinos. La referente destacó que, si bien la problemática era conocida por todos, fue la determinación del actual gobierno provincial la que permitió pasar de la denuncia a la acción concreta. La eliminación de este espacio inhabitable es vista por la comunidad como una victoria frente al miedo, permitiendo que las familias del sector vuelvan a transitar sus calles con una mayor sensación de resguardo.
Finalmente, las autoridades provinciales reafirmaron que este es el rumbo que se mantendrá para seguir reduciendo los indicadores de criminalidad y homicidios en las principales ciudades. El acto contó con la presencia de diversos funcionarios provinciales y municipales, quienes coincidieron en que la aplicación de la Ley de Microtráfico es una herramienta fundamental para devolverle el Estado a los ciudadanos. Con cada búnker derribado, la gestión de Maximiliano Pullaro busca enviar un mensaje claro: la recuperación del espacio público y la seguridad de los santafesinos son prioridades innegociables en la agenda de gobierno.
