La provincia de Santa Fe ha registrado un hito en materia de seguridad pública al contabilizar 48 homicidios dolosos entre enero y abril de 2026, la cifra más baja en los últimos 20 años. Este dato representa una reducción drástica en comparación con los 156 crímenes reportados en el mismo periodo de 2023, marcando un punto de inflexión en la crisis de violencia que afectó a la región. La vocera gubernamental, Virginia Coudannes, atribuyó estos resultados a la implementación de un plan integral que combina inversión en tecnología, inteligencia criminal y una presencia territorial estratégica.
El contraste estadístico es particularmente notable en los grandes núcleos urbanos. En el departamento Rosario, los homicidios descendieron de 105 en el primer cuatrimestre de 2023 a 31 en el presente año, mientras que en el departamento La Capital la cifra bajó de 27 a 10 casos en el mismo lapso. Según las autoridades, esta tendencia decreciente —que ya se venía observando de forma paulatina en 2024 y 2025— consolida un cambio de paradigma en la gestión del orden público frente a los picos críticos alcanzados en la década pasada.
Desde el Ejecutivo provincial se enfatizó que estos logros son una respuesta directa a las políticas de control implementadas tras las gestiones anteriores. Coudannes recordó declaraciones de exfuncionarios que daban por perdida la lucha contra el narcotráfico para subrayar que la actual metodología de planificación y rendición de cuentas ha permitido recuperar el control de la calle. La funcionaria destacó que la transparencia en los datos es fundamental para reconstruir la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad.
Como parte fundamental de esta estrategia, la provincia ha intensificado el combate al narcomenudeo mediante la Ley de Microtráfico, alcanzando el derribo del búnker número 116 en la ciudad de Santa Fe. Esta política no solo busca desarticular los puntos de venta de estupefacientes, sino también intervenir y recuperar esos espacios físicos para los vecinos. La gestión defendió la efectividad de perseguir el delito a pequeña escala, criticando a los sectores que inicialmente dudaron del impacto social y preventivo de estas demoliciones.
Finalmente, el reporte gubernamental destacó una disminución significativa en las amenazas contra establecimientos educativos, un fenómeno que había generado gran alarma social. La implementación de sanciones económicas para recuperar los costos de los operativos derivados de falsas amenazas ha funcionado como un mecanismo disuasorio eficaz. Con estas acciones coordinadas entre el Gobierno y la Justicia, Santa Fe busca estabilizar la paz social y sostener los indicadores de seguridad en niveles históricamente bajos.
