La ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, participó en la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y reclamó una respuesta urgente del gobierno nacional frente a la demora en la entrega de vacunas del calendario y al recorte de insumos esenciales para la provincia. Ciancio advirtió que la demora en el arribo de dosis de la vacuna antigripal dificulta mantener el ritmo de vacunación en Santa Fe, donde la adhesión es alta: ya se inmunizaron 203.465 personas, por encima de las 137.481 registradas a la misma altura del año anterior.
La funcionaria detalló que, según el cronograma nacional, se espera un nuevo envío de vacunas entre fines de abril y comienzos de mayo, pero señaló que la espera tiene impacto directo en la salud pública provincial. Además, advirtió sobre la reducción drástica en la canasta del Programa Remediar: a partir de abril el programa pasaría de cubrir casi 80 productos a apenas tres, sin incluir medicamentos considerados esenciales, y recordó la caída del 55% en los tratamientos enviados por Nación entre 2024 y 2025.
Ante la falta de respuesta desde la Nación, Ciancio afirmó que el gobierno provincial, encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, sostendrá la provisión de insumos mediante compras centralizadas y gestión eficiente, sin renunciar al reclamo por los envíos que corresponden a los santafesinos. Subrayó que estas medidas locales son un paliativo necesario, pero que no sustituyen la exigencia de que Nación garantice vacunas y medicamentos en tiempo y forma.
Otro eje del encuentro fue la propuesta de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Ciancio expresó su preocupación por la reforma, que —dijo— se planteó sin consulta previa a las provincias ni a sectores académicos y científicos. En contraste, defendió el modelo provincial, basado en la implementación decidida de la ley con enfoques interdisciplinarios y comunitarios, y rechazó volver a modelos de encierro o la centralidad exclusiva del psiquiatra.
En la reunión se presentó además un documento firmado por al menos 15 autoridades de salud mental de distintas provincias que ratifica la vigencia de la normativa actual y sostiene que los problemas no residen en la ley, sino en la necesidad de mayor inversión y mejoras en los estándares de atención. Las autoridades provinciales pidieron reanudar el funcionamiento del Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones como espacio para el debate federal y vinculante sobre las políticas y normas en la materia.
